Después de más de un mes de movilizaciones sociales que exigen un nuevo estado de las cosas en nuestro país, ha llamado dramáticamente la atención a nivel mundial los masivo y de graves casos de lesiones oculares productos principalmente de perdigones, balines y bombas lacrimógenas que se han producido en Chile, estos en manos de agentes del Estado, particularmente de funcionarios de Carabineros de Chile.

Entre estos lamentables casos, la situación de Gustavo Gatica (24) y Fabiola Campillay (36) quienes perdieron la visión en sus dos ojos, han generado el rechazo más profundo por parte de la ciudadanía.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el INDH, 248 personas han sufrido, a la fecha, daños oculares graves. Esta cifra es claramente parcial por la cobertura de dicha institución y por tanto es probable que esta sea muy superior. Muchas de estas personas han perdido su visión total por uno de sus ojos.

El 21 de octubre el Colegio Médico de Chile levanto la primera alerta cuando aún no se superaban los 20 casos, esto fue cubierto por diversos medios de comunicación y denunciado además por otros organismos de Derechos Humanos. Más allá de lo señalado por las autoridades -que han pasado desde su teoría de los hechos aislados a señalar que ellos si dieron las instrucciones a Carabineros- el resultado es que estas violentas y masivas lesiones han sucedido, ocurriendo por un periodo de más de un mes, como las cifras lo demuestran.

¿Es posible creer entonces que estos solo se tratan de situaciones lamentables y que éstas no han tenido el objetivo de amedrentar a los manifestantes para que dejen de participar en las protestas, esto a través del daño físico y psicológico? como lo señala el informe de Amnistía Internacional presentado hace algunos días y que fue fuertemente descalificado por diversas autoridades gubernamentales, militares y políticas pertenecientes a la alianza de gobierno.

Solo con el informe emitido por Human Rigth Watchs, el gobierno reconoció lo que denominó como “hechos dolorosos”, situación que realmente está en el límite de lo mitómano, pues existen instituciones públicas como el INDH y la Defensoría de la Niñez, que permanentemente han entregado cifras de las violaciones por parte de agentes del Estado en ese periodo.

En un Estado donde las instituciones militares y policiales están subordinadas al control político, como está definido en nuestro país, no es posible entender, compartir y menos justificar, el débil y cómplice actual de las autoridades del gobierno de Chile.

La “ceguera política” de estas autoridades han producido con su actuar la “ceguera real” y permanente de chilenos y chilenas que ejerciendo su legítimo derecho humano a protestar pacíficamente han sido violentado por un estado acostumbrado a usar la violencia como modo de control político.
Pensar que en este periodo no existen responsabilidades de mando y políticas por las masivas y graves violaciones de Derechos Humanos, es incomprensible e inaceptable.

Roberto Morales, Coordinador del programa de Derechos Humanos de Fundación FIEL

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