Para algunos la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DD.HH) es considerado como el instrumento civilizatorio más importante de la humanidad, celebrado en el año 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y post segunda guerra mundial. Esta buscaba establecer los pisos mínimos para garantizar la dignidad de las personas sin distingo de sexo, raza o posición política, son los derechos que tenemos por el solo hecho de ser personas y establece como el garante de estos derechos al Estado.
Si después de más de setenta años se lee nuevamente esta declaración, resulta sorprendente su validez y actualidad de las de las problemáticas que aborda en sus artículos, el trabajo, la educación, la vivienda, la salud, entre otros conceptos que son asumidos como DD.HH, se suman a la libertad de expresión, a participar en las decisiones de su sociedad, a la libre movilidad en los territorios, solo por nombrar algunos de los conceptos desarrollados en este instrumento.
Otro aspecto que destaca es la legitimidad que tiene, esto por la forma y el lugar donde fue construido, es un instrumento construido colectivamente en el marco de las Naciones Unidas, donde claramente confluían en esos años Estados con orientaciones culturales, políticas y económicas muy diversas, pero el gran trabajo y la necesidad de lograr establecer estándares mínimos, significó que el diálogo lograra superar esas notables diferencias.
La Declaración Universal es el inicio de lo que podemos establecer como la doctrina de los DD.HH que hoy nos guía y direcciona por donde deben caminar las sociedades y principalmente el Estado como principal promotor, protector y también vulnerador de los Derechos Humanos. Muchos son los instrumentos que se han ido construyendo de manera colectiva durante estos años con la participación significativa de la sociedad civil para el desarrollo de esta doctrina.
Muchos de estos aspectos antes señalados pueden aplicarse a nuestra realidad, en un Chile en donde conviven una profunda crisis política y de gobernabilidad y una profunda crisis en el ámbito de los Derechos Humanos.
“No son 30 pesos, son 30 años”, dice uno de los lemas más decidores de este movimiento ciudadano de protesta social, demostrando que por muchos años hemos vivido insertos en un modelo económico, social y político que ha vulnerado sistemáticamente los Derechos Humanos, en todos sus ámbitos, pero de manera silenciosa y brutal, en lo que se refieren a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y ahora también los ambientales (DESCA). Quizás son más de treinta años en realidad, pues podríamos señalar como hito la implementación del modelo neoliberal en Chile, en abril de 1975, donde se inició al plan económico que el grupo de economistas de la dictadura cívico militar impuso al país.
Los Derechos Humanos, como se desprende de la Declaración Universal, no busca nada más que dar la dignidad que toda persona se merece. Por lo tanto, la protesta social que vemos en nuestro país busca una sociedad que dignifique a las personas, y que los abusos, las discriminaciones y desigualdad, terminen. En definitiva, estas protestas, desde un enfoque de los Derechos Humanos, solo buscan que se nos permitan el pleno goce de nuestros derechos.
Para avanzar en lo anterior, una de las vías, que no excluye otras acciones inmediatas, es contar con un instrumento que nos guíe como sociedad: una nueva Constitución Política, pero esta debe ser legitima, como lo es la Declaración Universal, y para esto debe ser construido con una amplia participación de los distintos actores de nuestra sociedad, sabiendo que tenemos diferencias y somos una sociedad heterogénea, tal como se construye la Declaración.
Pero lo anterior, debe garantizarse un irrestricto respeto de los Derechos Humanos a través de un Estado activo en la defensa y promoción de estos, cosa que lamentablemente no ha sido la respuesta que a esta crisis política ha dado el Estado de Chile y principalmente el gobierno con sus instituciones policiales y militares.
Vivimos un momento en que la esperanza de un nuevo Chile es verdaderamente posible, pero en un escenario en donde, por la responsabilidad de tomar o no las decisiones adecuadas por parte del gobierno, se han generado masivas violaciones de los Derechos Humanos.
Roberto Morales
Coordinador del Programa de DD.HH
Fundación FIEL