El gobierno nuevamente quiere poner una nube de humo y no enfrentar las demandas de fondo y solucionar la grave crisis política y de derechos humanos que estamos viviendo.

En estos casi 20 días de protesta nacional por cambios de fondos en nuestro país, el gobierno, entre otras medidas, ha declarado estado de excepción, dando parte de las responsabilidades de la seguridad pública a las FFAA, declarado toque de queda y violado masivamente los DDHH.

Hoy la sensación en la ciudadanía es de un gobierno absolutamente incapaz de asegurar su seguridad individual y colectiva. Muchos de los hechos delictuales más graves que señala permanentemente el gobierno, ocurrieron en estado de excepción y en horario de toque de queda.

Por otro lado, este mismo gobierno no ha sido capaz de anticiparse y detener la masiva violación de derechos humanos ocurridos en este periodo. Esto, tienen a una misión del alto comisionada de la ONU para los derechos humanos, una misión de crisis de Amnistía Internacional y la solicitud de la Comisión Interamericana de DDHH para enviar equipo de observación, trabajando para esclarecer los miles de hechos de vulneración cometidos por agentes del Estado, bajo la responsabilidad política de esta administración.

Hoy pretender que con las medidas de endurecer las penalidades de delitos que ya están considerados en nuestra legislación penal  o crear un estatuto de protección a las policías, en un país donde las agresiones a dichos funcionarios son de una alta gravedad y se establecen sanciones muy duras, solo demuestra la incapacidad o nula voluntad de enfrentar de manera adecuada las demandas del país y que no ha sido capaz de canalizar de buena manera y entregar soluciones que sean acordes a la gran crisis política y de gobernabilidad que vivimos.

El citar al Consejo de Seguridad Nacional, creado en la dictadura cívico militar y que claramente está en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, es otra señal de la incapacidad de este gobierno para conducir la crisis política y de derechos humanos que vivimos.

Hoy se pretende reinstalar la propuesta de la llamada ley Hinzpeter que fue rechazada socialmente y también por el Parlamento, durante el primer gobierno del Presidente Piñera.

Es decir, nada nuevo. Estas propuestas no solucionarán las acciones de delincuencia que quieren detener, sino que buscan criminalizar la protesta social y dividir a la población entre los buenos y los malos.

Cualquier medida para endurecer las normas legales y/o darle más poder a las policías en este periodo, debe necesariamente ir acompañada por garantizar los Derechos Humanos de la ciudadanía, situación que no ha sucedido a la fecha.

Roberto Morales

Coordinador de DD.HH de Fundación FIEL- CUT

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *